LA SALUD ES LO PRIMERO
ISABEL TEJERINA
Portavoz de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión
Sanitaria
(Publicado en El Diario Montañés 31/12/2012)
(Publicado en El Diario Montañés 31/12/2012)
EL
Gobierno del PP afirma que su gestión de la crisis que han creado los bancos es
de valientes porque se atreven a tomar medidas controvertidas, pero
imprescindibles, para asegurar nuestros servicios públicos. Así, los elevados
recortes impuestos en la sanidad, la educación o la justicia. Vamos a
centrarnos en este artículo en la primera de tales prioridades.
El
Real Decreto 16/2012 se intenta justificar en que hay que abordar el colapso de
nuestro sistema público de salud. Se da por supuesto que su funcionamiento es
catastrófico y que gracias a esta reforma el Ministerio va a economizar muchos
gastos. La medida más significativa y radical es la que se recoge en su
artículo 3. Establece el fin de un derecho esencial. Supone la exclusión de la
asistencia sanitaria pública, salvo urgencias y embarazos, de todos los
inmigrantes mayores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes,
lo que afecta a quienes no tienen ni trabajo ni papeles. No cotizan, no tienen
derecho. En Cantabria, una de las comunidades donde se ha aplicado a rajatabla
ha afectado a unos 5000 inmigrantes sin papeles… cinco mil personas.
Hasta
ahora teníamos en España y en Cantabria un sistema público de salud universal que
contemplaba el derecho a que cualquier enfermo, con independencia de su
condición legal o “ilegal”, fuera atendido con los tratamientos y fármacos requeridos.
Según el Gobierno esta situación resulta insostenible, porque en una época de
crisis financiera tienen que ahorrar en todos los capítulos, aunque se trate de
algo tan básico como la salud de las personas. Y, al paso, deja extenderse la
falacia, que le viene muy bien para justificar lo injustificable, de que los
inmigrantes hacen un uso abusivo y fraudulento del sistema que no debemos ni
podemos tolerar. Es falso que los trabajadores inmigrantes abusen de nuestros servicios
sanitarios. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia (Semfyc)
afirma que los inmigrantes son los que menos los utilizan, porque en su mayoría
son jóvenes con buena salud; los que llegan son los más fuertes de sus
familias. Además no se les está regalando nada. Miles de inmigrantes han
trabajado muchos años aquí, han cotizado y pagado sus impuestos y si ahora no
pueden aportar porque se han quedado en el paro, como los otros 6 millones de
españoles, no es por gusto. Negarles la condición de asegurados, obligarles a
pagar por ir al médico, es una discriminación y una nueva modalidad de estafa.
La sanidad la pagamos todos, ellos también; se financia no sólo con los
impuestos directos sino también con los indirectos que alcanzan hasta a la
barra de pan de la familia más humilde.
El
Gobierno utiliza la estrategia de la confusión también con el llamado “turismo
sanitario”. Están convencidos de que los ciudadanos no nos enteramos de la misa
la media y que es fácil echarle también este sambenito a los trabajadores
inmigrantes, cuando éste es un problema de mala gestión y responsabilidad
exclusivamente suya. ¿Alguien puede esperar ya de su probada eficacia que se estén
realizando inspecciones rigurosas y adoptando inteligentes iniciativas
administrativas para evitar que ciudadanos de la Unión Europea vengan a
operarse y beneficiarse de mil maneras de nuestras prestaciones de forma
gratuita, cuando han estado cotizando en sus países de origen que, por cierto, son
mucho más ricos que nosotros? En la misma línea, seguro que nuestros sagaces
responsables políticos se están devanando los sesos para que acaudaladas mutuas
y millonarias agencias de seguros paguen al Ministerio de Sanidad las muchas
deudas atrasadas.
El
actual Gobierno maneja un ariete machacón contra nuestra resistencia a aceptar
sus políticas y es el de echarle la culpa al anterior Gobierno. No voy a subscribir
la política de la socialdemocracia de nuestro país, pero, ¡ya está bien!, que
cada palo aguante su vela. Sus ignorantes testaferros reiteran día tras día,
con absoluto desprecio a nuestra inteligencia, que su propósito es poner cordura
para asegurar lo que se pueda de nuestro sistema de salud, cuando lo que vemos
es el desmantelamiento y la deriva impetuosa hacia la privatización de nuestros
servicios sociales.
Es
éste un Gobierno de políticos muy sensibles a las carencias de los más
necesitados de acuerdo con sus arraigadas convicciones morales, muy conscientes
del dolor que estas nuevas normas están causando, pero que no van a caer en ninguna
debilidad sensiblera, ni siquiera en estas tradicionales fechas en que entonarán
alegres villancicos de amor al prójimo bajo las blancas guirnaldas. No se van a
arrepentir de nada porque tienen muy claras las prioridades. Y es que para sostener
nuestro sistema no sirve el sentimentalismo con los inmigrantes en situación de
precariedad, sino que debemos vacunarnos contra la solidaridad y también
arrimar el hombro, todos a una, también los españoles, aceptando que el copago es
imprescindible y que además de los fármacos tendremos que abonar otros muchos
servicios, como el de ambulancias, porque la gente le ha tomado gusto a
pasearse en camilla. Hemos de entender asimismo que, a partir de ahora, todo lo
ellos valoren como deficitario o, por el contrario, sea susceptible de negocio
rentable, se va a privatizar.
Disfrutamos
a placer de unos ministros y consejeros, a cual más antipático, que han sabido
explicar que sus fulminantes decretos son necesarios y que la única forma de
salir de la crisis es que los ciudadanos de a pie carguen con ella porque han
vivido por encima de sus posibilidades. Asombra ver con qué aplomo adoptan
medidas de extrema impopularidad sin que les tiemble el pulso, firmes en su
defensa de los poderosos que atracan a los de abajo, inmutables a las
indignadas demandas contra la impunidad y los privilegios de la clase política.
Resulta sorprendente la persistencia
de este Gobierno en sus mentiras, su sumisión a los mandamases europeos y su
falta de ideas para relanzar la economía y solucionar problemas, de modo que si
expidieran un “certificado de cabreo” la cola sería más larga que la del paro.
El
derecho a la salud está en la Declaración de los Derechos Humanos, esos
derechos que nuestro hipócrita Gobierno conmemora cada año. Es un derecho fundamental
que corresponde a todas las personas humanas por el solo hecho de ser personas.
No se puede vulnerar así como así. No se le puede negar a nadie, aunque no
cotice, y como es un derecho básico tampoco se puede cobrar ni facturar a quien
no tiene recursos.
Es
más que discutible que vayamos a ahorrar algo, seguramente va a ser al revés.
Es más fácil prevenir que curar y mucho más barata la atención primaria que la
de urgencias. La medida, a costa de mucho sufrimiento es de gran eficacia
disuasoria, una forma de expulsión pasiva del país de quienes no tienen trabajo
o recursos. De los que permanecen muchos enfermos no van al médico porque temen
a la facturación, van aguantando como pueden. La peor situación la padecen
quienes tienen enfermedades crónicas porque ya no se cubre el tratamiento ni las
medicinas. Están condenados a no sanar.
La
exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares es una medida miserable,
cara e ineficaz; va a colapsar los servicios de urgencia y va a originar problemas
de salud que teníamos superados. Constituye un riesgo de contagio de enfermedades
infecciosas (hepatitis, tuberculosis, VIH, etc.), porque no se van a controlar,
porque los inmigrantes sin papeles a la fuerza se esconden.
Menos
mal que hay muchos sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares,
administrativos, etc., que se han hecho objetores de conciencia porque no van a
renegar de su juramento hipocrático que, entre otros grandes principios, dice:
“La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. No
permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones
de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto
por la vida humana. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos
médicos contra las leyes de la humanidad”.
Menos
mal que no están solos, que hay gente comprometida dispuesta a acompañarles y a
hacer ver que no debemos permitir este atropello, que no es una cuestión de
caridad, sino de justicia.
Menos
mal que en su reciente Auto el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón a
nosotros y se la ha quitado al Gobierno. El TC ha avalado que el derecho
constitucional de la salud debe prevalecer por encima del supuesto ahorro en la
asistencia sanitaria y que esta discriminación no sólo afecta a la salud de
este colectivo sino a la de todos nosotros.
Menos
mal que con sus decretos intolerables este Gobierno impulsa, a su pesar, la rebeldía
y las fuerzas de los que sabemos que otro mundo es posible.
La
Consejería de Sanidad de Cantabria tiene que rectificar ya, porque la salud es
de todos y para todos.
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